Por Verónica Martínez Vielma
Si bien es cierto también se ha luchado por la equidad de género, no menos cierto es que el consejo de la policía comunitaria de los pueblos indígenas, quienes están encargados de la impartición de justicia y dirimir los conflictos ahí suscitados, son únicamente hombres de la misma comunidad.
Esto cobra especial relevancia, porque estas autoridades, al tener un caso de alguna mujer indígena con violencia o discriminación cometida por parte de su pareja sentimental hombre, la misma autoridad tiende a hacer juicios de valor, al normalizar ciertas conductas culturalmente aceptables, violatorias de derechos humanos de las mujeres.
Esta circunstancia ha llevado a la impunidad y a que las mujeres de las comunidades indígenas no quieran denunciar a su agresor y vivan con miedo constante y desprotegidas, porque además saben que si acuden a la autoridad, no existe un traductor de su lengua y mucho menos empatía y sensibilidad, son muchas las causas por las que las mujeres y niñas indígenas sufren todos los días maltrato, y nadie hace nada.
El estado debe garantizar la seguridad de las mujeres y niñas indígenas, y destinar recursos económicos, pero sobre todo humano y de difusión, esto es, se podría capacitar a las autoridades indígenas, por expertos y crear rutas de acción e investigación para que las autoridades indígenas sepan como actuar ante alguna eventualidad o caso en concreto que llegue a suscitarse.
Pero eso no es todo, mientras no se concientice a las comunidades indígenas que el hecho de que se rijan por sus usos y costumbres, esto no quiere decir que pueden cometer delitos en contra de las mujeres y niñas o de cualquier otro integrante de su comunidad, deben saber que ciertas conductas son violatorias de los derechos humanos, por mencionar alguna, el matrimonio forzado de niñas y adolescentes.
Es importante que se maximicen los derechos humanos de las mujeres y las niñas indígenas y así, logren tener una vida libre de violencia, que se haga difusión a través de foros y conferencias de temas importantes para que conozcan sus derechos en todos los municipios del estado, es importante ir creando conciencia en las comunidades indígenas y en la sociedad en general.
Es una problemática histórica que se tiene que atender, no se deben de seguir cometiendo actos de violencia en contra de estos grupos vulnerables.
Es una responsabilidad del Estado garantizar los Derechos Humanos de todas y de todos, pero esto no será posible sin la ayuda la sociedad civil y la colaboración de la academia.
Romper paradigmas siempre es un gran reto, romper con las cadenas culturales de maltrato hacia las mujeres es mucho más difícil que romper con las cadenas de la esclavitud. Pero si trabajamos de manera coordinada, el resultado puede ser alentador, como sociedad tenemos que ser empáticos y sensibles ante las injusticias cometidas en contra de las personas más vulnerables, no podemos quedarnos calladas y fingir que no pasa nada.
La Autora del Artículo de Opinión es actualmente abogada litigante y defensora de derechos humanos.