Por Minerva Delgado
“El pago de pensiones podría representar entre el 30 y el 35 por ciento del presupuesto total del Gobierno de Morelos hacia el año 2030, lo que equivaldría a entre 12 mil y 14 mil millones de pesos, tomando como referencia un presupuesto estatal cercano a los 40 mil millones de pesos.
Así lo señaló el secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, al advertir que el crecimiento de esta obligación financiera obligará a fortalecer las medidas de disciplina financiera y planeación presupuestal para garantizar su cumplimiento.
El funcionario explicó que, ante este escenario, cualquier decisión relacionada con el sistema de pensiones debe analizarse cuidadosamente por el impacto que tendría en las finanzas públicas estatales.”
Es decir, de terminar con el rezago de miles de expedientes de pensiones que tiene actualmente la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Morelos, incluso antes de 2030, uno de cada tres pesos del Presupuesto de Egresos del próximo año deberá de destinarse al pago de pensiones de los burócratas, lo que resultará insostenible.
Catorce mil millones de pesos, sin contar lo que gastan los 36 ayuntamientos, algunos de los cuales colapsarán sus fianzas por este concepto al final de sus administraciones.
Una celebración sin fundamento
Por ello, la celebración de los sindicatos de burócratas estatales y municipales por el retiro de la iniciativa —que proponía crear el Instituto de Pensiones y reformar la Ley del Servicio Civil para darle algo de “vida extra” al sistema de pensiones actual— revela, cuando menos, un desconocimiento de lo que se avecina.
Un pago que pronto será imposible
En tan solo un año será imposible pagar las pensiones de los burócratas jubilados —al menos en los montos actuales— sin comprometer las obligaciones que los poderes, los órganos autónomos y los ayuntamientos tienen con más de dos millones de morelenses.
La disparidad entre jubilados y trabajadores en activo
Otra de las aberraciones que ha generado el actual sistema de pensiones es la brecha entre los ingresos de los burócratas jubilados y los de quienes siguen trabajando.
Un ejemplo ilustra el problema:
- Un Secretario de Acuerdos de un juzgado de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia en activo, gana veinte mil pesos mensuales, el mismo sueldo desde hace 10 años.
- Mientras que el mismo Secretario de Acuerdos que se jubiló hace ocho años recibe casi 40 mil pesos mensuales, es decir, el doble.
Esta misma situación se repite en todos los poderes y ayuntamientos.
Nada que celebrar
Por lo tanto, los burócratas no tienen nada que celebrar.
El Poder Ejecutivo cumplió con su responsabilidad de intentar evitar la “quiebra técnica” de las finanzas estatales por el pago de pensiones.
Lo que vendrá, de manera irremediable, es una reducción drástica de las pensiones hasta llegar a un monto manejable, independientemente de lo que se haya establecido en el decreto de cada pensionado.