Por Minerva Delgado
Para el abogado Enrique Paredes Sotelo, promotor de dos de las tres denuncias de desafuero presentadas por la Fiscalía Anticorrupción ante el Congreso local vs el gobernador, Cuauhtémoc Blanco por cinco ilícitos, ya es motivo de preocupación que no se pudiera estar respetando el debido proceso en la notificación de los expedientes a la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de diputados, por parte de la secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Poder Legislativo.
En entrevista precisó que la Constitución Política del Estado y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen de manera clara que la notificación de las solicitudes debe realizarse a la Junta Política “en pleno”.
Sin embargo, debido a que desde diciembre el órgano político se encuentra inoperante -tras la remoción de la diputada morenista Paola Cruz de la presidencia-, la secretaría de Servicios Legislativos a cargo de Víctor Saucedo Perdomo decidió notificar en lo individual a las y los coordinadores de las fracciones y grupos parlamentarios.
“… no se tiene que notificar a cada uno de los integrantes de la Junta Política, se tiene que notificar al presidente (a) y el presidente debe dar cuenta a la Junta en pleno para que en su momento decida si las solicitudes se turnan o no a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado”, precisó.
Paredes reconoció que “esa circunstancia” (la notificación inadecuada) podría invalidar los actos planteados (en las solicitudes por la Fiscalía Anticorrupción), por lo que tendría que recurrirse a la vía del amparo.
“Por supuesto que es un tema que nos está preocupando, ya tiene mucho tiempo que se presentaron las solicitudes. Por ejemplo, el juicio político que en su momento se presentó en contra de Graco Ramírez en dos días ya estaba en la Junta Política, esto demuestra que no se está actuando con la misma celeridad ahora”, cuestionó.
Recientemente la diputada del PES, Mirna Zavala Zúñiga confirmó que los expedientes de los juicios de procedencia presentados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado están en manos de todos los diputados de la LV legislatura, situación que podría también perjudicar la presunción de inocencia de Blanco Bravo.
Al gobernador del estado se le acusa de los delitos de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación; y por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante autoridad.