Por Minerva Delgado
Las oficinas de la Junta Política y de Gobierno, así como de Comunicación Social del Congreso local permanecerán con sellos de resguardo colocados por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, hasta en tanto se “clarifique” la legalidad en el proceso emprendido por un grupo de 11 diputados para ‘remover’ a la diputada de Morena, Paola Cruz Torres de la presidencia del órgano político del Poder Legislativo.
La diputada Cruz Torres confirmó que los diputados del llamado G-9 presentaron de inmediato una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para denunciar “los actos de ilegalidad cometidos por el G-11”, durante la noche del domingo 12 de diciembre.
“También solicitamos el apoyo de la Fiscalía para que se pudiera resguardar la oficina de la Junta Política y Comunicación Social que depende del órgano político, mientras se resuelve de fondo el tema jurídico porque no sabíamos si se había aprobado el acuerdo, si estaba en receso o cuál era el estatus jurídico. Por eso están los sellos”, explicó la legisladora Paola Cruz.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, anticipó que promoverán a la par una denuncia por la violencia política en razón de género, en razón de la coerción que han recibido por parte del G-11 para apoyar el dictamen de la extinción de la ESAF.
Por ahora, ningún diputado o mando medio en el Congreso puede retirar “por sí mismo” los sellos colocados en las oficinas ya que ello constituye un delito. Es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción interviene ante un conflicto interno de la legislatura.