Por Jorge Luis Gamboa Olea
Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que un grupo de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son investigados por presuntos malos manejos, aunque aclaró que será un juez el que determine si son o no culpables.
Y esto surge a raíz de que el 24 de agosto se difundió la resolución definitiva del Amparo en revisión 76/2021 instaurado hace casi dos años por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C (FCCyT), en contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Esta fue la última instancia para la resolución del litigio, la Suprema Corte de Justicia consideró en sesión del 14 de julio sobreseer el juicio, esto significa que no entró al estudio del fondo del asunto y dio por concluido el proceso.
El tema principal fue la omisión de la entrega de recursos económicos al Foro por parte del Conacyt, este acto se realizó de manera regular por 18 años para cumplir con sus funciones establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología aún vigente, pues este fungía como un órgano autónomo de consulta y representatividad de la comunidad de CTI en la toma de decisiones públicas.
Para entender lo sucedido, inicialmente, el Juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López, dictó una sentencia en primera instancia en la que concedió la razón jurídica al FCCyT al reconocer su derecho a recibir recursos económicos para su operación permanente.
Posteriormente dicha sentencia fue recurrida en segunda instancia por las autoridades del Conacyt, y el asunto fue atraído por la Suprema Corte de Justicia por su importancia y trascendencia. Sin embargo, en ese mismo periodo (diciembre de 2019) las autoridades del Conacyt primero eliminaron la previsión normativa consistente en que el FCCyT materializara sus actos a través de una asociación civil, y posteriormente, en otras reformas al Estatuto Orgánico, determinaron, entre otros, que el Foro sería un órgano interno de consulta, sin personalidad ni patrimonio jurídico propios, además nombraron un nuevo secretario técnico y comenzó con la operación de la mesa directiva al interior de Conacyt.
En este caso, la Corte decidió no entrar a resolver el fondo del asunto (la entrega de recursos económicos al FCCyT para su operación permanente) porque la situación jurídica se modificó con las reformas realizadas por Conacyt a su Estatuto Orgánico durante los dos años de litigio, y consideró que no se podrían concretar los efectos si es que se llegaba a conceder el amparo.
Aunque existe un comunicado por parte del Conacyt con fecha del 28 de julio, donde se declara ganador porque asegura que la SCJN avala el recorte de recursos al Foro y reconoce las facultades del Consejo, en términos reales nadie gana. Los especialistas explican que en realidad el juicio no se resolvió de fondo debido al cambio de situación jurídica en diciembre de 2019, “el problema, a juicio de la Corte, es que aun cuando se concediera el amparo y se ordenara la entrega de recursos, ¿a quién se entregarían si la Asociación Civil ya no está prevista normativamente en el Estatuto?”. Desde la promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) quedó establecido en su artículo 36 como un “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Su objetivo: “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación”.
Por más de 18 años el FCCyT operó a través de una asociación civil por mandato normativo.
Desde 2002, el Estatuto Orgánico del Conacyt dispuso en su artículo 22 que “para la materialización de sus actos, el Foro se constituirá en una asociación civil”. Y el artículo 38 de dicha ley señalaba que: “El Conacyt otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del FCCyT, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo”.
Dicha norma fue reformada por el Conacyt el pasado 11 de diciembre de 2019 y en posteriores ocasiones para desconocer la autonomía legal de este ente jurídico. La agresión del gobierno contra la comunidad científica es desmesurada. La FGR acusa de peculado y delincuencia organizada a 31 científicos y ex funcionarios del Foro у Consultivo Científico y Tecnológico y pidió órdenes de aprehensión.
El Foro fue creado como organismo autónomo por la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. Esa Ley disponía que el CONACYT debía apoyarlo financieramente. No hubo ilegalidad alguna en recibir recursos y ejercerlos. El Foro existía como vínculo entre la comunidad científica y el Conacyt. A la actual directora del Conacyt, no le gustó el contrapeso que significaba el Foro. Les retiró los recursos. A pesar de la opinión de la Corte, la FGR insistió en solicitar las órdenes de aprehensión. El juez federal del penal en Almoloya las rechazó por infundadas. Según información periodística la Fiscalía solicitó el lunes, por segunda vez, esas órdenes de aprehensión. El fiscal Alejandro Gertz Manero se encuentra en un conflicto de intereses.
Hace poco el Conacyt le asignó el nivel más alto en el Sistema Nacional de Investigadores. Durante 10 años sus solicitudes para ingresar al SNI habían sido rechazadas por falta de méritos suficientes. Numerosos investigadores y académicos del CIDE, la UAM, la UNAM y otras instituciones han rechazado esa agresión del gobierno y la Fiscalía. La desazón y el disgusto se han extendido en las comunidades académicas ante esta injustificable embestida.
La persecución contra los miembros del Foro Consultivo Científico es un tema político y no se entendería sin el irracional desprecio por la ciencia y el conocimiento que mantiene el actual Gobierno.
- El autor del Artículo de Opinión es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos.