Por Minerva Delgado
El Poder Ejecutivo a través de la secretaría de Hacienda estatal, “rasuró” las solicitudes presupuestales presentadas por Tribunales y algunos órganos constitucionales autónomos, con el argumento de privilegiar una política de austeridad.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2022, el gobernador, Cuauhtémoc Blanco informa a los diputados de la LV legislatura que la secretaría de Hacienda analizó y realizó “los ajustes necesarios a los montos de las solicitudes de presupuesto que le fueron remitidos por parte del titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes (TUJA), del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), del Tribunal Electoral del Estado (TEE), del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHE)”.
Con base en las solicitudes de origen, el TSJ solicitó un presupuesto de mil 445 millones 245 mil pesos; el TUJA, 41 millones 939 mil pesos; el TJA, 105 millones 399 mil pesos; el Tribunal Estatal Electoral, 43 millones 588 mil pesos; el Impepac, 182 millones 497 mil pesos; y 40 millones 267 mil pesos la CDHE.
Sin embargo, con base en esa revisión anunciada por el mandatario, y según consta en la propuesta de Paquete Económico que el gobernador envió al Congreso el pasado 30 de septiembre, las “nuevas cantidades” que la secretaría de Hacienda asignó a las dependencias antes citadas son las siguientes: al Tribunal Superior de Justicia la cantidad de 449 millones 34 mil pesos; al TUJA, 25 millones de pesos; 158 millones 637 mil pesos al Impepac; 15 millones 803 mil pesos a la CDHE; 33 mdp al Tribunal Estatal Electoral; y 41.5 mdp al Tribunal de Justicia Administrativa.
En la propuesta de Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 2022, el gobernador reconoce “en efecto” que en materia presupuestaria, “dichos Entes Públicos cuenta con la facultad de elaborar autónomamente su proyecto de presupuesto de egresos”, pero insiste en varios momentos en que se debe privilegiar una política de austeridad.
“… tomando en consideración, además, la responsabilidad hacendaria que prevalece en el Estado de Morelos, en donde se deberá ser congruente conforme a los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias etiquetadas, en donde ha quedado establecido que no se deberá exceder a las previstas en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, tal y como lo señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, abunda.
Precisa que si bien el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la autonomía presupuestaria de los órganos constitucionales autónomos debe ser entendida como la facultad para elaborar y aprobar internamente su proyecto de presupuesto, así como administrar y ejercer anualmente su presupuesto de egresos aprobado por la Legislatura Local, es decir, si bien se autodeterminan en el manejo de sus recursos económicos, “ello debe ser sujetándose siempre a la normatividad de la materia, con la finalidad de que puedan funcionar y cumplir, libres de cualquier tipo de presión, con las atribuciones que tienen conferidas”.
Antes de concluir con la explicación por lo que respecta a esas solicitudes presupuestales, el mandatario deja en manos del Congreso la decisión de asignarles el presupuesto que de origen solicitaron Tribunales y los órganos constitucionales autónomos o bien, hacer adecuaciones.
“Es decir, la última palabra sobre la aprobación de los proyectos de presupuestos de los citados Entes Públicos, la tiene esta LV Legislatura, pues es este órgano el competente para ello y quien deberá también atender a los límites impuestos por la normativa en materia de disciplina financiera que impone a los Estados velar por el balance presupuestario sostenible”, añade finalmente.