Por Minerva Delgado
A menos de 24 horas de que entre en vigor el decreto que autoriza el alza al transporte en Morelos, el ombudsperson, Raúl Israel Hernández Cruz convocó al Poder Ejecutivo a dejar sin efectos el acuerdo de manera inmediata.
A través de un comunicado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHM), propuso que cualquier aumento en la tarifa del transporte público que se pretenda implementar, debe lograrse en consenso con los sectores involucrados, y garantizar que se brinde un servicio digno, seguro, cómodo y de calidad a la población morelense.
“… tomando en consideración la situación económica que vive el estado, la tercera ola por COVID-19, y el inminente regreso a clases presenciales, el Poder Ejecutivo de la entidad, previo al aumento del costo del transporte público, debe valorar la implementación de otras medidas, tales como subsidios, condonaciones e incluso el pago solidario o mancomunado de cualquier aumento en la tarifa”, sugirió Hernández Cruz.
Calificó de imprudente e insensible al Gobierno del Estado por decidir establecer un aumento del 25% en el pago del transporte público, a través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el pasado viernes 20 de agosto, -y que entrará en vigor este jueves 26 de agosto-, sobre todo por las lacerantes consecuencias que enfrenta la sociedad morelense tras un año y medio de pandemia, mismas que se traducen en el cierre de establecimientos, despidos masivos e incluso en el fallecimiento de quienes representaban el sustento de sus hogares.
De igual manera, el ombudsperson, reprobó enérgicamente que el alza al transporte pretenda fundarse de mala fe en el Estudio técnico y socioeconómico del transporte público con itinerario fijo en el Estado de Morelos realizado por la UAEM, “pues tal y como se menciona en el comunicado signado por el Rector de la máxima casa de estudios, el documento solamente aporta elementos técnicos e información estadística de la realidad que se vive en el Estado y no debe mirarse como un estudio que respalde la decisión de incrementar la tarifa del transporte”.
Para la CDHM, cualquier aumento en la Tarifa del transporte público, debe ir acompañado de mejoras en la calidad del servicio, entre las que deben encontrarse como mínimo:
a) Atención y renovación de unidades en mal estado;
b) Implementación de medidas para prevenir la propagación del COVID-19;
c) Garantizar sin discriminación la accesibilidad para personas con discapacidad y grupos en situación de vulnerabilidad;
d) Cámaras de videovigilancia;
e) Botones de pánico;
f) Adecuaciones y mejoras en los paraderos, terminales y bahías; y
g) Apoyos y subsidios para determinados grupos de la población.
Lo anterior tendría que implicar que antes de autorizar cualquier aumento en el costo del pasaje, se deben implementar medidas que atiendan los problemas de Inseguridad, el servicio deficiente e insuficiente, la falta de capacitación de los operadores, la baja de unidades en mal estado, los actos de discriminación, la aplicación efectiva de los descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad y la estricta aplicación del marco normativo.