Por Minerva Delgado
El gobierno de Morelos a través de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos (DGPAC) de la secretaría de Administración “abrió y después cerró”, la subasta pública de un lote de cinco mil 770 bienes muebles considerados «chatarra» propiedad del Poder Ejecutivo que encabeza Cuauhtémoc Blanco.
El 21 de octubre del año 2020, en medio de la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, la DGPAC que dirige Efrén Hernández Mondragón, publicó en el periódico oficial «Tierra y Libertad» la convocatoria del procedimiento de subasta pública de un lote de cinco mil 770 bienes muebles considerados «chatarra» propiedad del Poder Ejecutivo de Morelos.
Para el 4 de diciembre de ese mismo año, en la sala de juntas de la Dirección se reunieron los integrantes del jurado calificador integrado por la Directora de Licitaciones, la Directora General de Patrimonio de la secretaría de Administración, la auxiliar técnico de la secretaría de la Contraloría y la subdirectora de propiedad y derechos intangibles de la General de Patrimonio de la secretaría de Administración, con los representantes de los seis postores que de un total de 13 registrados, que fueron los únicos “susceptibles de una evaluación económica”.
El acta del “fallo de la subasta” que se encuentra publicada en el sitio web de la DGPAC que depende de la secretaría de Administración, detalla que la directora general de Patrimonio, Berenice López Ángeles solicitó la cancelación de la subasta en virtud de que en la presentación y apertura de posturas que se había llevado a cabo días antes, el cinco de noviembre, “no se realizó el acto de puja hacia la alza tal como hace alusión el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo”.
“Aunado a lo anterior, tampoco se fijó el tiempo para la realización de esta puja lo que dejó en estado de indefensión a los postores”, se puede leer en el acta.
Fueron estos argumentos los que permitieron al jurado calificador llegar a la inmediata conclusión de que “no era posible determinar una mejor postura derivado de la inconsistencia en el acta de presentación y apertura de posturas”, y en consecuencia decidieron cancelar el procedimiento, pese a que en todo momento los funcionarios de la DGPAC fueron los encargados de conducir la subasta, lo que pudo permitirles en su momento, ejecutar las correcciones al procedimiento.
El monto mayor de la postura presentado por uno de los postores fue de 52 mil 100 pesos.
Llama la atención que el acta de cancelación de la subasta pública, únicamente se encuentra firmada por uno solo de los postores que participó en este ‘singular’ procedimiento a cargo de la Dirección General de Procesos para la Adjudicación de Contratos del gobierno de Morelos.
Esta reportera solicitó un espacio de entrevista con la actual encargada de despacho de la secretaría de Administración, Rosa Bahena, con el fin de obtener más detalles acerca de este fallido procedimiento, así como los pormenores del lote de cinco mil 770 bienes muebles considerados «chatarra», pero se nos informó que “por el momento no sería posible, por indicaciones de la Coordinación de Comunicación Social”.