Por Minerva Delgado
Los diputados de la LIV legislatura local pasaron por alto “la incompatibilidad constitucional” en la que se encontraba Francisco Hurtado Delgado al designarlo magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la pasada sesión ordinaria de pleno de fecha cinco de julio.
Ahora, es la Barra de Abogados la que se ha dado a la tarea de “documentar” la reciente designación de cuatro magistrados a cargo del Congreso, confirmó en entrevista su presidente, Miguel Ángel Rosete Flores.
Precisó que no se trata de un tema personal en el caso del ahora magistrado Hurtado, sino más bien de una cuestión de legalidad, honorabilidad y de dignidad.
Para Rosete la “incompatibilidad constitucional” se configura plenamente a partir de que Francisco Hurtado quien viene de desempeñar el cargo de magistrado electoral, fue el encargado de “calificar” la elección de la que emanaron los actuales diputados de la LIV legislatura, que el pasado cinco de julio lo designaron magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
“La designación se encuentra viciada, ya que él (Hurtado) avaló la elección de la que surgieron los diputados y hoy pareciera entonces que esos mismos legisladores le pagan el favor político”, cuestionó el barrista.
Al realizar una búsqueda en el Código Electoral del Estado de Morelos, el segundo párrafo del artículo 139 precisa de manera específica la prohibición que tienen los magistrados electorales al concluir su cargo, de asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado. Concepto que por sentido de analogía le aplicaría a Hurtado Delgado.
Debió ser la Junta Política y de Gobierno del Congreso, a cargo del diputado de Morena, Héctor Javier García Chávez, el órgano encargado de advertir la “incompatibilidad constitucional” a la que se enfrentaba el Congreso con la designación de Hurtado, en la sesión del pasado cinco de julio.
Miguel Ángel Rosete opinó que el Congreso local debió colocar a Francisco Hurtado en el concepto de inelegible, ante el impedimento legal que tenía para participar incluso como aspirante a magistrado del TSJ.
Recientemente, el abogado Nicolás Garduño Sámano impugnó a través de una vía “sin precedentes” como lo es el juicio de protección para los derechos político-electorales, la designación de magistrados, y aunque la Sala Superior le notificó que desechó la demanda “debido a que la controversia planteada no corresponde a la materia electoral”, decidió promover un recurso de reconsideración y de igual manera un juicio de amparo que deberá resolverse en los siguientes días.
Una vez que la Barra de Abogados termine de documentar los pormenores de la designación de los cuatro magistrados a cargo del Congreso (Jaime Castera Moreno, Rafael Brito Miranda, Marta Sánchez Osorio y Francisco Hurtado Delgado) solicitará “a todas las instancias habidas y por haber” una revisión formal sobre la actuación que ha tenido la LIV legislatura local en la recta final de su cargo.
“Tenemos un Tribunal cuestionado en su honorabilidad y los morelenses no lo merecemos”, lamentó el abogado Rosete.