Por Minerva Delgado
El recién electo alcalde de Coatetelco, Humberto Leonides Segura fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Juan Salazar Núñez por el delito de Fraude Procesal, a partir de la presunción que existe por haber tramitado (previamente) su pensión por cesantía en edad avanzada, con documentos falsos para poder comprobar su antigüedad.
A decir de la Fiscalía, Leonides entregó documentos irregulares del Ayuntamiento de Mazatepec para acreditar que trabajó de los años 2003 al 2006.
Además de que también presentó constancias de haber estado de 2006 al 2009 en el municipio de Miacatlán, presuntamente como subordinado en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, sin embargo, para ese momento se desempeñaba como regidor, por lo tanto, la documentación presentada sería falsa, y en consecuencia, no alcanzaría los años necesarios para obtener el beneficio de una pensión.
El miércoles 30 de junio de 2021, en audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la agente del Ministerio Público presentó diversos datos de prueba en contra de Humberto Leonides, quien realizó el trámite de su pensión a razón del equivalente al 55% de su último salario como Secretario Técnico de la Comisión de Grupos Indígenas del Congreso local.
Incluso, la última hoja de servicios de fecha 23 de mayo de 2018, en la que Leonides acredita diversos cargos en el Poder Legislativo, fue suscrita por la directora de Recursos Humanos de la Cámara, Karina Arteaga Gutiérrez, quien también está imputada por haber obtenido una “jubilación dorada”. Ella es esposa del diputado electo por la vía pluri y acreditado como indígena, Julio César Solís, actual presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos.
Los hechos imputados al ahora alcalde electo indígena de Coatetelco, se encuentran asentados en la carpeta de investigación FECC/260/2019 tras la denuncia presentada por el Congreso de Morelos, la Fiscalía inició las pesquisas y judicializó el caso, que se encuentra relacionado con la causa penal JC/1093 /2020.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».