La mano negra

Así las Cosas

Por el Lic. J. Antonio Tallabs Ortega

Solemos decir que “hay mano negra”, cuando nos queremos referir a un asunto donde alguien extraño a él, busca manipular lo que se pretende lograr, acordar o resolver en el asunto que se trata. Cuando observamos que alguien se entromete en lo que no es de su incumbencia y apoya a una de las partes, aprovechando su influencia o poder para obtener un beneficio, decimos que “hay mano negra”. En la Política a la mexicana, se nos manifiesta con regularidad esta verdad figurada, cuando quien ostenta el poder ejecutivo se entromete o busca influir en la tarea de los demás poderes y de las instituciones autónomas, mete mano y luego entonces “hay mano negra”, pues.

Sirve bien muy bien, esta frase para referirnos a la tan citada reforma Judicial del 2020, impulsada por el Ministro Arturo Zaldívar, acordada con y aprobada por el Presidente López, que se concluyó en estos días pasados, con las enmiendas legislativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que las Cámaras de Senadores y Diputados, aprobaron con la mayoría poluta que tiene el partido Morena en el poder legislativo (ahora en minúsculas), que sin importarles los “bonos” sociales que les pudiera traer el  fondo de su Reforma Judicial, prefirieron los ruidos del escándalo originado por sus faltas graves al proceso legislativo y sobre todo por sus gravísimas faltas a la Constitución General de la Republica, que vulneran el Estado Social de Derecho, que convulsionan a las Instituciones Republicanas, que dividen a los mexicanos y que generan anarquía al desafiar al Estado de Derecho.

Hay quienes pretenden hacernos notar que esta aberrante “enmienda legislativa”, la de introducir un articulo transitorio en una ley con efectos contrarios a los mandatos constitucionales, que prolonga las funciones del Ministro Presidente de la Corte y de los Consejeros de la Judicatura Federal, hasta la conclusión del sexenio del Presidente López, es semejante a la Reforma Judicial  de los años 1994-1995 impulsada por Presidente Ernesto Zedillo (analizada y aprobada por la LVI Legislatura Federal de la que el suscrito formo parte), donde no solo se adecuaron 27 artículos constitucionales, sino que se renovó por completo y se redujo, el Pleno de Ministros del Poder Judicial de la Federación, que antes era de 21 y quedo compuesto por 11 nuevos ministros nombrados por el Senado sobre 18  propuestas del Presidente Zedillo, que además creó el Consejo de la Judicatura y de lo más importante que adecuó fue que se convirtió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un Tribunal Constitucional, para garantizar a los justiciables el respeto a sus derechos Constitucionales y Humanos, se estableció la Acción de Inconstitucionalidad y la Controversia Constitucional, cuya ley reglamentaria (art. 105 Constitucional) se publicó el 11 de mayo de 1995; asimismo, se nombraron Ministros de forma escalonada para su retiro, unos 15 años y otros hasta 20 años de vigencia en sus nombramientos, entre estos últimos, de los de 20 años, se nombró a la Lic. Olga Sánchez Cordero de Diaz Villegas (como se hacía llamar en esa responsabilidad y época), quien es ahora la Secretaria de Gobernación  en el gobierno del Presidente López  y que dicho sea de paso, “ni pío ha dicho” en este asunto de las violaciones constitucionales de las cámaras de senadores y diputados (ahora con minúsculas). Esa si fue una Reforma Constitucional de fondo al Poder Judicial, que trajo muchos beneficios en el avance democrático de las instituciones de Justicia y que por una parte busco, en lo político, ”jubilar” a los Ministros nombrados bajo el sexenio del presidente Carlos Salinas, quien quería tener influencia transexenal sobre la Suprema Corte de Justicia, para garantizar impunidad para él, su familia y allegados y por eso se renovó por completo la Suprema Corte de ese entonces. Hubo consensos de todos los partidos con la reforma judicial de 1994-1995, se les tomo en cuenta en sus opiniones y en sus propuestas, se tuvieron, incluso, entrevistas entre legisladores y los candidatos a Ministros y le fue bien al País, porque las reformas legislativas adoptadas, le brindaron importantes medidas a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, no hubo “mano negra”; a diferencia de ahora, donde el Presidente López, mediante una mayoría mecánica que tiene controlada en las cámaras, en la alianza del partido Morena con el PVEM, con el PT y con el PES, fraguan una reforma judicial que busca dar motivos para que los tentáculos del Poder Ejecutivo puedan influir en las decisiones del máximo Tribunal del País y garantizarse impunidad y controlar el manejo de la justicia en México y aunque en apariencia  fueron las cámaras las que cometieron las violaciones tanto al procedimiento legislativo como a la Constitución, las mismas luego fueron aceptadas y justificadas públicamente por el Presidente López, de donde se deja ver la “mano negra” y  estaremos  a la expectativa para ver si las promulga ordenando su publicación, que sería el acto donde él participaría de las violaciones a la constitución, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de nuestra Constitución, el Presidente de la Republica juro guardar y hacer guardar la Constitución y además, tiene la facultad de observar o vetar los decretos de las leyes o reformas que le presenten las cámaras conforme al artículo 72 constitucional, cuando sean irregulares constitucionalmente hablando  y si no veta las reformas nos mostraría “la mano negra” que metió y  lo debe hacer dentro de los 30 días naturales a su recepción y si no lo hace, dice la Constitución que se reputaran aprobadas las reformas y se publicaran desde luego y si las publica, participaría en responsabilidad similar que los legisladores y en términos de lo dispuesto por los artículos 108, 109 y 110 de la propia Constitución, puede ser sujeto de Juicio Político y probablemente hasta de responsabilidad criminal y en esto se vería también involucrada con responsabilidad la Secretaria de Gobernación, quien tiene bajo su potestad el Diario Oficial de la Federación;  estarían avalando las violaciones constitucionales con la promulgación y publicación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el cuestionado artículo décimo tercero transitorio y todo indicaría que hubo “mano negra”.

Así las cosas y en las violaciones constitucionales que se cocinaron recientemente en las cámaras, se deduce que hubo “mano negra” y pues no se vale, porque en esto como en todo, la Ley y sobre todo la Constitución deben estar por encima de cualquier otro propósito personal o de grupo; somos un País de Leyes donde nos rige el Estado de Derecho, que es indispensable respetar para la armonía social y para el desarrollo ordenado y equitativo del país y son los funcionarios públicos los primeros que deben acatar las normas legales, pero si no lo hacen, el pueblo debe actuar para reestablecer el orden jurídico; el 6 de junio el Pueblo, con su voto, tiene la palabra para nombrar representantes dignos en la Cámara de Diputados y para no consentir la “mano negra”.

Quedamos pendientes.