Por Minerva Delgado
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exhibieron la pifia que cometió la única comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, quien pretendió a través de la presentación de una controversia constitucional mal fundada, «tumbar» la sentencia del amparo que ganaron Marco Antonio Alvear y Roberto Yáñez Vázquez y a partir de la cual, el Congreso les reconoció su nombramiento como comisionados de ese Instituto.
En sesión extraordinaria, este lunes el magistrado presidente, Rubén Jasso Díaz documentó que la controversia constitucional promovida por el IMIPE es de competencia más bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el decreto publicado el 11 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
“Con base en la reforma en cuestión queda más que claro quién es la instancia competente para conocer la controversia, aunado a que la controversia fue promovida en contra de la designación de dos comisionados más del IMIPE, pero como hecho notorio y público fue en cumplimiento a una declaratoria de amparo”, precisó el magistrado Jasso en su intervención.
Incluso, el magistrado Manuel Díaz Carbajal advirtió que la promovente de la controversia constitucional pretendió fundar la controversia en artículos de la Constitución local que versan sobre temas distintos a los que la comisionada invocó en su escrito.
Un segundo ‘aspecto’ que abordaba la comisionada Rosales Sotelo en su fallida controversia constitucional, era la solicitud de una ampliación presupuestal para el Instituto Morelense de Procesos Electorales (sic).
De manera unánime, los 13 magistrados del TSJ aprobaron no admitir la controversia constitucional firmada por la comisionada Dora Ivonne Rosales Sotelo, al reiterar que el Tribunal no es competente para analizarla.
Después del “revés”, a través de redes sociales la comisionada pretendió ‘aclarar’ que el IMIPE no está en contra de la incorporación al IMIPE de los comisionados Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez –que es ya un hecho consumado- “sino a la falta de dotación presupuestal” (sic).
