Por el Magistrado Luis Jorge Gamboa Olea
La libertad de expresión en redes sociales es un derecho humano que debe ser regulada vía legislativa, consideró el senador Ricardo Monreal.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado explicó que los derechos humanos como la libertad de expresión deben ser protegidos, y en el ciberespacio este debe ser tutelado para su ejercicio eficaz.
De acuerdo con Monreal, no se trata de “censurar, eliminar ni obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas”. “Al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado, por muy poderoso que sea, por muy rico que esté en materia económica, el que decida qué personas y qué contenido suprimir de su red, porque todos se conectan a redes públicas, que es el internet y el ciberespacio”.
De acuerdo con el también presidente de la Jucopo (Junta de Coordinación Política) del Senado, que congrega a todos los líderes de los partidos, se trata de una “propiedad de la nación” y, por esa razón, “regularlos ayuda a que todos estén en condiciones similares para la prestación del servicio público, que es el de información, el derecho a la información y el derecho a la manifestación y la expresión de ideas”, esto a raíz de la iniciativa que se pretende avalar en días próximos en el senado de la república.
Tras años de incesante bombardeo de tuits a la esfera pública, con especial atención a sus 88 millones de seguidores, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó el pasado seis de enero, el día del asalto al Capitolio, una línea roja de Twitter, que decidió silenciar temporalmente su cuenta y, 12 horas después, cerrarla de forma permanente por «atentar contra la integridad cívica y glorificar el odio», a la que siguieron otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o YouTube.
Las redes sociales, que cuentan con más de 3.800 millones de usuarios activos en todo el mundo, han establecido sus propias normas internas para decidir qué contenidos se pueden publicar y qué usuarios pueden tener o no perfiles.
Fuentes de las grandes plataformas apelan a la carta de Derechos Humanos para justificar las normas impuestas para fijar «los límites de la libertad de expresión» sin el respaldo de ningún organismo independiente o de la Justicia que, en Europa, es la que determina si una persona ha cometido un delito de odio o ha vulnerado el honor de un colectivo con un mensaje o simplemente estaba haciendo uso de su derecho a expresarse libremente, que también recoge Naciones Unidas.
La red social twitter expulsa permanente a los usuarios que incumplen tres veces la normativa recogida en sus condiciones cerrando así una vía importante para la verter opiniones políticas y comunicarse con el resto del mundo. Facebook, la red con más usuarios activos, tiene una política similar. En ambos casos, las plataformas usan dos vías para detectar incumplimientos, como lanzar mensajes de odio o incitar a la violencia o el acoso: los reportes de otros usuarios y la tecnología.
Por ejemplo, Facebook ha invertido en Inteligencia Artificial para detectar de oficio los posibles contenidos que no respetan las normas de la comunidad. Una vez se genera una alerta, un equipo formado por 35.000 personas verifican que ese contenido es inapropiado y lo eliminan lanzando una advertencia al dueño del perfil.
Si el usuario insiste en publicar mensajes o vídeos no aprobados por la política interna, cierran la cuenta. También analizan los reportes de los propios usuarios.
En Twitter el sistema es similar, han implantado Inteligencia Artificial para detectar mensajes de odio y analizan las denuncias de los propios usuarios y suspenden temporalmente las cuentas directamente, sin permitir al afectado defenderse.
La Justicia da la razón a Twitter tras cerrar una cuenta por mensajes que incitan a odio y vejan a un colectivo, la Audiencia Provincial de España, el año pasado fallo a favor de la red social twitter, que había sido denunciada por un colectivo por haber cerrado su cuenta. Aunque la magistrada da la razón a Twitter porque el usuario ha incumplido el contrato firmado, que establece una serie de hechos y obligaciones, en el texto que recoge de primera instancia se señala que uno de los tuits que publicó el usuario y que llevaron a su expulsión se ampara en el derecho de la libertad de expresión mientras que el segundo no, puesto que constituía «una incitación al odio sin justificación» contra un colectivo.
Según la Audiencia Provincial, el segundo tuit implicaba «la humillación o vejación para todo un grupo de personas con una determinada sexualidad» y es «reprochable desde un punto de vista civil». Es decir, que, según la Justicia, el usuario no tendría que haber sido silenciado por el primer tuit, aunque fuera de dudoso gusto, ya que ejercía su derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión ha ido perdiendo libertad en nuestra sociedad poco a poco.
Sin que nos demos cuenta, somos capaces de reprobar nuestros propios pensamientos. La corrección política de los políticos quiere llegar a las redes sociales para silenciar al que no piense como el que legisla. Francia y Alemania ya tienen leyes contra los mensajes de odio en las redes sociales. Democracias consolidadas con políticos mucho más transparentes que pretenden perseguir fobias y desprecios. Estos países exigen a plataformas como Facebook o Twitter que retiren los mensajes de odio en un plazo de 24 horas.
Allí la línea que separa el agravio y la censura es mucho más gruesa. Las partes saben a lo que se atienen y los Gobiernos ni se plantean que los ciudadanos no puedan ejercer la crítica contra ellos en las redes sociales.
*El autor del Artículo de Opinión es actualmente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en Morelos.
Buenísimo el articulo. Reciba un cordial saludo.