Por Minerva Delgado
Una de las principales promesas de la actual LIV legislatura, fue la eliminación de las “pensiones doradas” como popularmente se les conoce a las jubilaciones que la LIII legislatura otorgó a familiares, colaboradores cercanos y funcionarios del primer círculo del entonces gobernador, Graco Ramírez Garrido, utilizando para ello constancias laborales expedidas por municipios afines al entonces gobierno perredista, que permitieron a los favorecidos “cumplir” con los años de antigüedad laboral exigidos por la Ley del Servicio Civil del Estado.
Con el inicio de la legislatura, la Comisión del Trabajo y Previsión Social que para ese momento era presidida por la diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez procesó el acuerdo «por la vía rápida» para la abrogación de algunos de esos decretos, pero sin otorgar garantía de audiencia a los “nuevos jubilados”, lo que al final “echó abajo” la decisión tomada por el Congreso hace poco más de dos años.
Y es que como era de esperarse, los beneficiarios de las jubilaciones combatieron la decisión de la LIV legislatura por la vía del amparo, y el criterio establecido por los jueces para “amparar y proteger” a los quejosos es el mismo: que el Congreso violentó su derecho a la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, a partir del cual debieron ser notificados del inicio del procedimiento y consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como la oportunidad de alegar.
Incluso, uno de los promoventes de alguno de esos juicios de amparo, identificado como colaborador cercano a la ex diputada del PRD Hortencia Figueroa, alegó trato discriminatorio del que afirma ha sido objeto al estigmatizarlo como beneficiario de una denominada “pensión dorada”.
Al final después de dos años de litigio, la Dirección Jurídica del Congreso no pudo defender frente a los tribunales la decisión tomada por el pleno legislativo en octubre de 2018, lo que ha permitido por lo pronto a un primer grupo de beneficiarios, recuperar sus “jubilaciones doradas” a partir de este mes de noviembre.
Los decretos que reintegran las jubilaciones y que el Congreso tuvo que aprobar hace algunas semanas atrás, ya se encuentran publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, a partir de ello, los beneficiarios podrán exigir el cobro con efectos retroactivos.
En esa lista se encuentran entre otros por lo pronto: la ex titular de la Secretaría de Educación, Beatriz Ramírez; Denya Flores Rendón, esposa del otrora diputado del PRD Francisco Navarrete Conde; así como la ex secretaria de Administración y Finanzas en la anterior legislatura, Martha Patricia Bandera Flores, aunque con el paso de los días los nombres se incrementarán ya que el criterio para obtener la protección de la justicia federal, es el mismo para todos los que se ampararon en su momento para ‘proteger’ la pensión que les concedió la LIII legislatura.
Hasta ahora el Congreso no se ha pronunciado de manera pública respecto de la restitución de las “jubilaciones doradas”; en tanto, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) desahoga las denuncias que en su momento presentó la legislatura ante la sospecha del uso de documentos falsos en la aprobación de esas pensiones.