Por Minerva Delgado
La recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) emitió en 2020 tras los hechos violentos suscitados los días 29 y 30 de octubre del año 2019 en el Centro de Reinserción Social “Morelos ubicado en Atlacholoaya que derivaron en un motín, doce personas lesionadas y la muerte de siete personas entre ellas Raymundo “N” alias “El Ray”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) si bien fue aceptada no se ha cumplido, reconoció el presidente de la Comisión, Raúl Israel Hernández Cruz.
En entrevista confirmó que los términos de la recomendación no han sido atendidos “hasta el momento a pesar de que ya ha pasado bastante tiempo de los hechos”.
La recomendación 025/2019 fue emitida por la CDHM a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y a la Fiscalía General de del Estado (FGE).
Hernández Cruz precisó con base en los términos de la recomendación, se le otorgó a la CES un plazo de 30 días -entre otros aspectos- para ofrecer una disculpa pública, acompañada de un pronunciamiento en el que se reconozca las condiciones de riesgo que prevalecían en el Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos” durante los días 29 y 30 de octubre de 2019, mismas que dieron como consecuencia violaciones graves a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, del personal que labora en el Centro y de la ciudadanía en general.
La disculpa debía hacerse pública a través de los medios de comunicación oficiales, así como en un periódico de mayor circulación en el Estado.
Otro de los alcances de la recomendación emitida es que en términos de la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, es la reparación del daño ocasionado a los familiares (víctimas indirectas) de las personas privadas de la libertad que fallecieron en los hechos ocurridos el 29 y 30 de octubre de 2019 en el Centro de Reinserción Social Varonil “Morelos”; a las cuales se les debía otorgar la atención psicológica que requieran, el pago de gastos funerarios y de transporte erogado. Para ello, la CES está obligada a enviar a la CDHM las constancias con las que se acredite el cumplimiento.
Al Fiscalía General de Justicia, Uriel Carmona Gándara, la Comisión de Derechos Humanos le solicitó girar “sus instrucciones a quien corresponda, para que de acuerdo al artículo 21 de la Constitución federal, sean debidamente integradas todas las carpetas de investigación iniciadas con motivo de los hechos ocurridos los días 29 y 30 de octubre de 2019 en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “Morelos”, debiendo realizar de manera diligente las investigaciones y actuaciones necesarias para que las mismas puedan ser judicializadas y resueltas conforme a derecho”.
Raúl Israel Hernández Cruz precisó que las autoridades encargadas de la reinserción social en Morelos, están obligadas a garantizar la integridad y vida de las personas que están bajo su custodia y por ende, están obligadas a identificar las bandas rivales al interior del Centro de Reinserción Social localizado en Atlacholoaya.
Durante la conferencia de prensa que el 30 de octubre de 2019 ofreció el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, negó que al interior del Centro de Reinserción Social “Morelos” exista autogobierno, pero sí la presencia de grupos criminales antagónicos que se encuentran recluidos ahí y que fueron los que habían ocasionado la riña que derivó en la muerte de siete personas, entre ellas “El Ray”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en Morelos.