Por Minerva Delgado
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Cano Mondragón confirmó que en el Congreso local sí se encuentran en análisis las designaciones de los auditores especiales -de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF)- que la LIV legislatura realizó a escasos días de concluir su periodo constitucional.
Explicó que el análisis pasa por el tema jurídico “porque hay que ver los alcances de los nombramientos y qué podríamos hacer”.
Precisó que los diputados de la LIV legislatura pretenden “cuidar” los procedimientos legales que decidieran emprender en su caso, para revocar las designaciones.
“Hay que analizar muy bien qué se puede hacer y no tomar una medida a lo loco (sic) y que sea contraproducente para la institución (ESAF) pero también para el Congreso”, precisó.
Y es que a escaso un mes de que concluyeran su periodo constitucional, los coordinadores parlamentarios, con el diputado Héctor Javier García Chávez en la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, acordaron expedir “en paquete” los nombramientos de los auditores especiales y directores de la ESAF, por un periodo de cuatro años.
“El que suscribe diputado Héctor Javier García Chávez, presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, por este medio me permito notificar a usted y hacer de su conocimiento que, con fecha 4 de agosto del año 2021, en reunión extraordinaria de la Junta Política y de Gobierno, se aprobaron las designaciones de auditores especiales y directores generales de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado”, precisa el acuerdo que fue publicado días más tarde en la edición del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 18 de agosto.
Previamente, en la sesión ordinaria del 14 de julio, los integrantes de la LIV legislatura avalaron por la “vía rápida” una reforma a la Ley Orgánica del Congreso a través de la cual “blindaron” esos nombramientos, al establecer que la remoción solo procederá a través de la Junta Política y de Gobierno, “previa acreditación de responsabilidad administrativa por sentencia que cause ejecutoria emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa por las causas previstas y aplicables en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos”.
Son todos estos ‘actos’, los que actualmente se encuentran en análisis de los coordinadores de los grupos y fracciones parlamentarios de la recién llegada LV legislatura local.