Por Minerva Delgado
El 27 de diciembre del año 2019 el Comisionado Estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros estampó su firma en el contrato de adjudicación directa de la compra de un “sistema” para el combate del robo de vehículo, por el que pagó 39 millones 999 mil pesos; pero al siguiente año, en 2020, el robo de autos incrementó.
Con base en el contrato -a la vista de esta reportera- registrado con el número CES/SER021/2019, con fecha 18 de diciembre del año 2019 un mando medio de la CES solicitó la adjudicación directa del contrato a la persona moral denominada DEVELOPMENT S&H S.A DE C.V con ubicación en la Ciudad de México, “por contar con los derechos exclusivos de la patente, así mismo por haber cumplido con los requisitos legales, especificaciones técnicas y condiciones económicas benéficas para el Estado”.
La “razón” que se plasmó en el documento para la entrega directa del contrato era que de manera imperativa, se requería dotar a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de elementos tecnológicos que completen la infraestructura actual del monitoreo vehicular, identificación de vehículos y las operaciones de campo para la atención de delitos.
Para ello se acordó que el Poder Ejecutivo de Morelos recibiera del prestador de servicio un sistema de implementación de infraestructura de monitoreo con cámaras fijas y móviles, el monitoreo de vehículos utilizando para ello dispositivos GPS, así como la instalación, configuración e integración de una herramienta de análisis de video que permitiera hacer más eficientes las tareas de búsqueda e inteligencia sobre la infraestructura de cámaras actual y los nuevos equipos.
El contrato especifica de manera pormenorizada que la empresa debía equipar 40 vehículos con 4 cámaras cada uno, los cuales debían tener conectividad en tiempo real al C5 para la detección de “vehículos de interés” desde las unidades de video vigilancia, así como conectividad para monitoreo GPS de vehículos. Asimismo, el servicio incluyó el rediseño de áreas del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5); y un equipo de técnicos y administración para todo el proyecto.
Por todo ello, y con base en el contrato firmado por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, el gobierno de Morelos pagó un monto de 34 millones 482 mil 743 pesos más cinco millones 517 mil 238 pesos por concepto del impuesto al valor agregado, lo que da un total de 39 millones 999 mil 982 pesos a la empresa DEVELOPMENT S&H S.A DE C.V.
Los equipos de monitoreo adquiridos deben recoger información de los vehículos que transiten en el estado de Morelos, cubriendo lugares estratégicos, dando flexibilidad para adaptar constantemente rutas de vigilancia y ubicaciones de operativos temporales. A través de las placas de los vehículos detectados, se realizará una búsqueda en listas negras o de interés precargadas. La búsqueda se realizará en tiempo real al C5, validando si en los sistemas centrales existe alguna alerta o notificación, así como la información asociada.
La vigencia del contrato fue de 120 días naturales a partir del día hábil siguiente de la aprobación; el contrato fue ratificado y firmado el día 27 del mes de diciembre del año 2019.
Pero, aún y cuando el objetivo de la compra del novedoso “sistema” era la de fortalecer las tareas de la CES en el combate específico al robo de autos, al realizar una consulta a la información reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se advierte que en el año 2020, en Morelos hubo un incremento en la incidencia de ese delito, al registrarse el robo de 3, 731 vehículos automotores en comparación con los 3, 285 que se reportaron en el año 2019 cuando se firmó el contrato.
Hasta el pasado mes de mayo del actual año 2021, en la entidad se ha reportado el robo de 1, 605 vehículos, con base en la información del Secretariado consultada.
El contrato descrito se realizó bajo la responsabilidad del titular del C5, quien manifestó que “los servicios adquiridos, así como el presupuesto afectado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, se encuentran previstos en los programas aprobados, siendo necesaria su contratación para el cumplimiento de sus objetivos”.