Por Minerva Delgado
En la última sesión del periodo ordinario, la LIV legislatura con el único voto en contra que fue expresado por la diputada priísta Rosalina Mazari Espín, autorizó al gobernador en turno, Cuauhtémoc Blanco la facultad discrecional de asignar concesiones a particulares por un periodo de 20 años para la operación de verificentros en Morelos.
Incluso, los legisladores “perfeccionaron” la reciente entrega de autorizaciones para la operación de doce nuevos verificentros que estarán distribuidos en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Cuautla, Jojutla, Yautepec, Yecapixtla, Jantetelco y Mazatepec, y establecieron de una vez su vigencia por un periodo de 20 años.
Las autorizaciones abarcan los periodos de gestión de cuatro administraciones de gobierno; la 2018-2024; la 2024-2030; la 2030-2036; y la 2036-2042.
Asimismo, de facto les otorgaron el derecho de cobro de las contribuciones por el servicio de verificación vehicular con independencia del holograma o constancia técnica de rechazo.
El dictamen fue avalado en los últimos minutos del jueves 15 de julio, previo a que concluyera la última sesión que diputados habían dejado en receso horas atrás, y que corresponde de igual manera, al último periodo ordinario de sesiones de la LIV legislatura en curso.
La iniciativa, autoría del diputado del PES Andrés Duque Tinoco le otorga en principio al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario de Desarrollo Sustentable, para que otorgue concesión a aquellos particulares que actualmente están autorizados, por un plazo de veinte años contados a partir de que les fue otorgada la citada autorización para la prestación directa de los servicios públicos estatales de verificación.
Y para “futuras ocasiones”, se dejó establecido a través de la modificación a los artículos 126 Bis, 126 Ter y 126 Quintus todos de la Ley de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, la facultad del gobernador en turno, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable su facultad para “otorgar, atendiendo a las necesidades de los servicios de verificación de fuentes móviles de su competencia, y previa convocatoria pública y posterior solicitud, concesiones a los interesados que cumplan los requisitos correspondientes”.
La única diputada que votó en contra fue la priísta Rosalina Mazari Espín e incluso subió a tribuna para posicionar su postura de rechazo a la decisión que se «cocinó» minutos antes de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones de la LIV legislatura.