Por la Redacción
Ejercer la abogacía de una manera más humanista y abierta a formas alternas para la solución de controversias, son los retos que enfrentan actualmente los abogados, consideró Arturo Luis Cossío Zazueta, de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM.
En ocasión del Día del Abogado en México, que se conmemora el 12 de julio, el jurista destacó que esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha hecho y qué falta para mejorar a la sociedad.
“Debemos ser autocríticos sobre lo que tenemos qué hacer. Podemos decir que lo principal es luchar por el Estado de Derecho, que es usado mucho como frase cliché, pero que entenderemos que consiste en que tanto gobernantes como gobernados se sometan al mismo orden jurídico, que respeten las mismas normas”, destacó el investigador.
En 1960 se instauró en México el Día del Abogado por el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos, en recuerdo de la implementación de la primera cátedra para la enseñanza del Derecho en 1533, en la Nueva España.
El experto penalista añadió que sin confianza en las instituciones la gente no denuncia los delitos, pues se cree que serán revictimizados, que les quitará tiempo o dinero, entre otros inconvenientes; sin embargo, es algo en lo cual los abogados deben trabajar para fortalecer la credibilidad de la ciudadanía.
Cossío Zazueta subrayó que desde siempre se ha dicho que una función primordial del abogado es la defensa del Estado de Derecho, especialmente cuando las normas se incumplen en forma reiterada; desafortunadamente en nuestro sistema no se ha respetado a cabalidad por lo que en 2008 se procedió a la Reforma Constitucional del Sistema Penal Acusatorio.
Dicha legislación ofrece diversas posibilidades para buscar salidas alternas al conflicto mediante acuerdo reparatorio ante delitos como los perseguibles por querella, delitos culposos (por negligencia), los patrimoniales sin violencia por medio de la negociación (mediación, conciliación o junta restaurativa), recordó el especialista universitario. El objetivo es que se lleven a juicio cinco u ocho por ciento, máximo, de los casos.
Cabe destacar que ante la delincuencia organizada o delitos graves, así como aquellos que atenten contra la seguridad del Estado o la seguridad Interior hay normas de excepción donde se mantiene la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, antes de que haya un juicio, sin perjuicio de que se pueda decretar también en forma justificada según la necesidad de cautela.
“Penal es la única rama en la que se habla de la privación de la libertad, salvo que se trate de arrestos administrativos que serían de máximo 36 horas”, estimó.
Este Sistema, que entró en vigor en el país en 2016, tiene pocos años en funcionamiento y estamos todavía en una curva de aprendizaje; por lo que el experto consideró necesario consolidarlo primero, tarea que hoy en día los jóvenes abogados tienen como uno de sus retos.
Un objetivo primordial es la reparación del daño a la víctima por ello, para que el sistema funcione y no se colapse, más de 90 por ciento de los casos se deben resolver antes de llegar a juicio. Al menos en el discurso, no es la misma impunidad de antes, precisó el especialista.
“Lo que tenemos que hacer, y es algo que nos toca a los abogados, es primero cambiar el esquema de trabajo, dejar de ser tan litigiosos y buscar una manera más conciliadora, acudir más a una mediación y que se puedan solucionar los problemas; debemos ser profesionistas que ayuden a solucionar conflictos y no a agravarlos o perpetuarlos”, reflexionó.
Con la pandemia, precisó Cossío Zazueta, vino un aletargamiento, pues “aunque se manejó como actividad esencial el tema de seguridad pública y procuración de justicia, en cuanto a la investigación, lo que en realidad se manejaron fueron audiencias para cuestiones iniciales donde se formula la imputación y se dicta la vinculación del proceso y se dictan las medidas cautelares, pero luego quedaban suspendidos los procedimientos o con una investigación complementaria que luego se tardaban”.
Futuros juristas
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2016 reportó que en México hay más de 342 mil abogados, de ellos por cada cien, 62 son hombres y 38 mujeres; la mayoría se concentra en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Además, por cada cien, 59 son trabajadores remunerados y asalariados y 32 laboran por su cuenta.
Actualmente, destacó Cossío Zazueta, en la Facultad de Derecho se enfocan en la formación de abogados más humanista, que cuenten con cultura y gusto por las bellas artes; estudio transversal de los derechos humanos con análisis de lo que establecen nuestras leyes, así como las convenciones internacionales y resolución de conflictos a la luz de los instrumentos internacionales.
Además de una perspectiva de género que en nuestra sociedad es una de los temas más urgentes y, sobre todo, se forman profesionales más abiertos a las formas alternas a la solución de controversias, enfatizó.
Algunos antecedentes
La abogacía es una de las profesiones más antiguas, tal vez no llamada así desde su origen, y de ellos el más antiguo y reconocido es el Código de Hammurabi, de 1700 años antes de nuestra era que representa las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre los habitantes de la antigua Babilonia.
Los abogados son promotores de la paz y la conciliación utilizando el recurso común a una sociedad que es las leyes y la constitución, por lo que son mediadores y defensores de la justicia, conceptos altamente valorados en las sociedades, pues sin ellos sería mucho más difícil convivir.
Omar Guerrero, en su libro “El abogado en el bufete, el foro y la administración pública” (2015, IIJ) reconoce que en el país no existe una profesión que haya ejercido mayor influencia en sus destinos o dejado una marca tan profunda como la abogacía, pues quienes la ejercen ayudaron a crear las instituciones y leyes que nos rigen hoy en día.
Con el paso del tiempo, y debido a la influencia que ejercen en la sociedad, los abogados se han especializado en diferentes ramas del conocimiento como: civil, mercantil, constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional y social.