Por Luis Jorge Gamboa Olea
El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) dio un plazo final de cinco días hábiles que comenzaron a correr para que la Fiscalía General de la República (FGR) abra la carpeta de investigación del caso Odebrecht, elabore una versión pública y entregue datos de esta. De no hacerlo, procederá con multas e incluso denuncias contra los funcionarios responsables. Lo anterior, luego de que el INAI consiguiera que jueces y magistrados federales desecharan de manera definitiva todos los amparos que la FGR promovió en contra de las resoluciones del instituto, y con los que había logrado retrasar por casi tres años la desclasificación del caso.
El fundamento de esta petición es el artículo 198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 171 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En noviembre pasado el Poder Judicial desechó el último de los recursos de la Fiscalía tras validar la decisión del INAI de que se trata de un asunto de corrupción y de alto interés público, por lo que debe transparentarse.
Aun cuando por regla general las carpetas de investigación son documentos reservados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla excepciones como son los casos de corrupción grave, donde el interés público impera sobre la posible afectación a particulares al revelarse datos de las indagatorias.
En enero de 2018 el pleno del INAI determinó, por primera vez, que la carpeta de investigación relacionada con los posibles sobornos que la constructora Odebrecht pagó en México para obtener favores y contratos tenía que transparentarse a través de una versión pública. Luego de múltiples retrasos debido a la posposición de audiencias, los jueces federales decidieron – en todos los casos – que no había ninguna violación a los derechos constitucionales en lo determinado por el INAI, por lo que la carpeta del caso tenía que abrirse en los términos en que dicho instituto resolvió.
En total, fueron tres los amparos con los que la dependencia se negó a acatar 13 resoluciones del INAI en las que se ordenaba desclasificar el caso Odebrecht. Ahora, tras el desechamiento definitivo de dichos recursos judiciales, el INAI emitió un acuerdo dirigido a la FGR y a los promotores de las solicitudes en las que señala que al no haber más obstáculos judiciales se debe cumplir con la desclasificación del expediente.
El plazo para ello vence el próximo miércoles.
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- El autor del Artículo de Opinión es actualmente magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Morelos.